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EN MEDIO DE LA POLÉMICA POR EL CONTROL A LA JUSTICIA 

Aclaran que una comisión bicameral  no podrá sancionar ni remover jueces 

La ministra de Justicia, Marcela Lo­sardo, explicó cuáles serán los al­cances del “control cruzado” que pidió el presidente en el Congreso. 

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, intentó desactivar la polémica ge­nerada a raíz de la intención del Gobierno nacional de crear una comisión bica­meral en el Congreso que realice “el control cruzado” sobre el Poder Judicial. La idea surgió como respuesta a un pedido realizado por el presidente Alberto Fernán­dez en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

“La comisión bicameral es un órgano de asesora­miento no permanente para un asunto determinado. No puede arrogarse atribucio­nes de otros poderes como son las cuestiones discipli­narias y sancionatorias por­que eso sería inconstitucio­nal”, aseguró la funcionaria en declaraciones radiales en El Destape.

La funcionaria -de máxi­ma confianza del presidente Fernández- explicó que la comisión estudiará al Poder Judicial y, si lo considera necesario, elevará informes para mejorar su funciona­miento, pero de ninguna manera tiene como objetivo interrogar a magistrados y eventualmente destituirlos.

Esas atribuciones habían sido señaladas en un prin­cipio por el senador ultra­kirchnerista Oscar Parrilli, el primero en anunciar pú­blicamente que el Frente de Todos estaba trabajando en la conformación de la bica­meral.

En la jornada del martes, en una entrevista, había reconocido que pretendían citar a jueces y fiscales para que den explicaciones por sus decisiones. La abogada Graciana Peñafort, inte­grante del equipo de Cris­tina Kirchner en el Senado, había ido más allá y había planteado la posibilidad de “remover” jueces.

“En realidad, lo que plan­teó el Presidente es que el Congreso asuma el rol cru­zado. Es lo que plantea la Constitución en un sistema republicano y democrático donde se establece que los poderes se controlan entre sí. Acusar y llevar adelante un juicio político son fa­cultades que tienen otras instituciones”, explicó este miércoles Losardo.

En efecto, en la Argenti­na el organismo encargado de investigar y aplicar san­ciones disciplinarias a los jueces es el Consejo de la Magistratura.

Alberto Fernández ava­la la creación de la comi­sión en las condiciones que expuso Losardo y que le transmitió al presidente de la Cámara, Sergio Mas­sa, para que avanzara con el tema. El martes, ambos se molestaron cuando escu­charon las declaraciones de Parrilli, habitual vocero po­lítico de Cristina Kirchner.

Alberto Fernández y Mas­sa no cuestionaron a Parrilli por mala praxis académica, ellos también coincidían en interpretar que “control cruzado” implica la crea­ción de una comisión bi­cameral para analizar los comportamientos del Poder Judicial.

La crítica a Parrilli esta­ba dirigida a su inesperada irrupción en los medios para comunicar una deci­sión política que escapaba de su poder interno en el Gobierno nacional. Este se­nador ultrakirchnerista es muy resistido en Comodoro Py y la Corte Suprema, y su anuncio de la comisión bi­cameral implosionó las pri­meras gestiones de Massa para lograr un consenso con la oposición que permitiera aplacar las críticas políticas y las desconfianzas obvias del Poder Judicial.

El dirigente de La Cám­pora y ministro bonaeren­se, Andrés Larroque, dijo que hay “una Justicia que no funciona” y defendió el “control cruzado” que pro­puso el Presidente. “Uno de los pilares de la República es que exista entre los poderes un marco de control y se­guimiento”, señaló.s